Medio Ambiente autoriza la ampliación del puerto de Altea

La consejería valida la declaración de impacto ambiental
pese a la reforma del proyecto 
 
LUIS D. MARTÍNEZ -  Alicante
 
EL PAÍS |  C. Valenciana - 04-05-2003 

 
La Consejería de Medio Ambiente ha emitido una resolución
que confirma definitivamente la declaración favorable de
impacto ambiental que sobre el proyecto de ampliación del
puerto deportivo de Altea emitió en julio de 2002. Pese a
que el proyecto fue reformado y sometido dos veces a
exposición pública, Medio Ambiente considera que los
cambios "no son sustanciales" y mantiene que la declaración
de julio del pasado año "conserva toda su vigencia y es
aplicable al proyecto". Varios informes han desaconsejado
la ampliación de ese puerto.
La Dirección General de Costas reprochó al proyecto,
consistente en una dársena portuaria de 12,6 hectáreas con
tres diques nuevos, el mayor de 530 metros, en el que se
construirán 546 nuevos amarres, la falta de concreción y
datos en relación con el impacto ambiental a la Posidonia y
las playas cercanas.

Medio Ambiente, en una resolución firmada por el jefe del
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que no admite
recurso, ha hecho caso omiso de las alegaciones ecologistas
y quejas vecinales y valida la declaración de impacto
ambiental que suscribió el pasado julio. Según el jefe de
este servicio, el proyecto modificado que se sometió a
exposición pública en noviembre de 2002 "coincide con el
proyecto que se remitió a esta Consejería en junio de 2002
y al que se dictó declaración de impacto ambiental en
julio".

Tampoco esta vez ha tenido en cuenta Medio Ambiente el
informe que encargó al Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados (Imedea), organismo del CSIC y la Universidad de
les Illes Balears. Éste aconsejaba no autorizar la
ampliación porque "el área adyacente alberga una importante
pradera de Posidonia oceánica, que se vería afectada de
forma negativa por la ampliación del puerto, tanto por
destrucción directa (unas 19 hectáreas) como por impactos
de la construcción y operación del puerto". Los autores del
Imedea aseguran que las obras están "en conflicto" con una
norma de protección de la propia Generalitat.

Ecologistas en Acción, WWF-Adena y Acció Ecologista-Agró
criticaron en sus alegaciones que el promotor no
actualizara el estudio de impacto, que es el mismo que
entregó para la exposición pública en 2000 y el que ha
usado Medio Ambiente para dar su apoyo a la ampliación,
pero que no corresponde con el proyecto reformado que se
presentó posteriormente.

Medio Ambiente argumenta en su resolución que la promotora
de las obras le envió en marzo de 2001 una documentación
con nueve apartados que reparaba todas las deficiencias
ambientales. A partir de ahí y pese a la modificaciones del
proyecto, las alegaciones ecologistas y las miles de firmas
vecinales contra la obras, Medio Ambiente sostiene que nada
ha cambiado para alterar su declaración de impacto
ambiental sobre la ampliación del puerto.

Urbanización del río Algar
 
  
 La tensión urbanística en la costa de Altea también ha
alcanzado el río Algar, en cuyos aledaños se ha proyectado
la urbanización llamada Los puentes del Algar. Diversas
alegaciones han denunciado irregularidades en la
recalificación del suelo y en el programa de actuación
integrada que presentó en el Ayuntamiento la mercantil
Altea Futura, SA, para urbanizar la zona. Ayer, la
asociación L'Algar net i viu denunció la "parcialidad" de
un informe de parte en el que se sustenta el gobierno
local, del PP, para validar dicha actuación. La asociación
sostiene que el estudio está firmado por un doctor de la
Universidad de Alicante y "no por la institución donde
trabaja". El proyecto ha recibido unas 2.000 alegaciones y
según el informe del doctor de la Universidad, todas ellas
han recibido respuesta "correcta". L'Algar net i viu
denunció ayer en un comunicado el estilo "autoritario y
antidemocrático" del alcalde de Altea, el popular Miguel
Ortiz. Con su política, dice el escrito firmado por Pau
Rodrigo, "convierte el sistema democrático en una
pantomima, donde la participación ciudadana sólo es
requerida cada cuatro años para legitimar su poder y
continuar así ejerciendo impunemente las prácticas que
asolan nuestro territorio". La tramitación del proyecto fue
aprobada con los votos del PP y PSPV.